Los condenados a muerte esperan su ejecución. Una inyección intravenosa (si logran encontrar la venas del reo) acabará con sus vidas. Los abogados, mandatados por sus clientes, recurren, apelan, piden, suplican la conmutación de las penas. El problema no es, como quieren hacer ver los partidarios de la pena capital, la gravedad de los delitos. Ni siquiera la incertidumbre que, eventualmente, arroje el fallo judicial. Aún en el caso de que estuviera probada rigurosamente la autoría, lo que está en cuestión es la facultad de matar por parte del Estado. Ese mismo Estado que se aplica a buscar sistemas sofisticados de matar, supuestamente sin dolor, mediante gas, veneno u otras formas, y se opone a que haya gente que, voluntariamente, quiera desaparecer de este mundo.

En esas ejecuciones, las imágenes –de la realidad, o de la ficción- que nos devuelven las televisiones norteamericanas presentan siempre a un cura cerca del ajusticiado, con un libro en la mano y una estola colgada al cuello. Se trata del libro divino que permite castigar con la muerte a los que no quieren morir y castigar con la vida a quienes no desean seguir viviendo. A buen seguro que es el mismo libro que lee Rouco y su lugarteniente Camino y que, en sus páginas finales, incluye un argumentario para defender lo indefendible: que la iglesia está por el derecho a la vida; que el Estado no comete delito cuando aplica la pena de muerte y, sin embargo, delinque cuando legisla para que la interrupción voluntaria del embarazo no sea precisamente delito. ¿Sabrá esta gente tenebrosa lo que es tener derechos? ¿Y lo que es vivir?