Dice el periódico que el partido de Rosa Díez, militante socialista hasta antes de ayer, ha incorporado a su ideario la instauración de la "cadena perpetua revisable" para delitos "que repugnan especialmente a la conciencia social".  Así comienzan también, con esa actitud vergonzante, los partidarios de la pena de muerte “para delitos de terrorismo o pederastia”. Ponen matices y añaden condiciones que lleguen a las vísceras del personal, para colar sus propuestas regresivas. Sabido es que cuanto mayor sea la repugnancia y el escándalo más garantía existe para el recorte de legislaciones progresistas.

Entre las dos o tres cuestiones fundamentales (ya no recuerdo cuántas fueron) que me hicieron votar afirmativamente la constitución (uno venía del horror de las últimas ejecuciones del franquismo), estaba la eliminación de la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando veo y leo lo que nos quieren meter de matute algunas lideresas de la demagogia y de la reacción más primaria, me dan escalofríos. A ese carro se suma mogollón de peña.

La información a que me refiero se acompaña de una foto en la que el ideólogo de la formación de la señora Díez, Fernando Savater, esboza una mueca que parece de sonrisa complaciente. ¿Será quizás porque, por fin, sus colegas han aprobado justamente lo contrario de lo que él escribía hace un año?

Su artículo, Contra la cadena perpetua, es meridianamente claro. Estoy seguro de que los exegetas de doña Rosita, dirán que bueno, sí, pero, es que, una cosa es lo que diga el señor Savater y otra, no contradictoria, en absoluto, es la línea del partido, siempre pegado y atento al pálpito del pueblo que habla en silencio, aunque vaya a remolque de "interesados y vociferantes torbellinos”.

Entresaco los párrafos más significativos de la oposición savaterina al acuerdo de su partido:

Con motivo de la justificada indignación y repugnancia que ha producido la excarcelación de De Juana Chaos (sin duda legal, aunque no por ello deje de causarnos a muchos íntima desazón), ha vuelto a discutirse sobre la conveniencia de recurrir a la cadena perpetua en caso de delitos especialmente atroces o de delincuentes declaradamente remisos a cualquier forma de enmienda. Es uno de esos debates intrínsecamente reaccionarios en el sentido literal del término (siempre expresan una ‘reacción’ visceral y atávica ante un suceso del presente), similar al felizmente olvidado de la pena de muerte (esperemos que los cariños olímpicos con Pekín no nos contagien ninguna nostalgia del verdugo, allí tan activo).

[…] Y, desde luego, los oportunismos y equivocaciones de algunos gobernantes de izquierdas no nos obligan a abjurar de todos los avances progresistas en materia penal, desde Beccaria hasta hoy. El principal de ellos ha sido abolir los castigos ‘irreversibles’, como la pena de muerte o la cadena perpetua, porque identifican sin enmienda posible al criminal con su delito y niegan no ya la perfectibilidad moral de la persona que ha delinquido sino su elemental derecho a una segunda oportunidad en la sociedad, tras haber purgado la condena merecida. Esta disposición generosa no se debe a que menospreciemos la gravedad del delito sino a que valoramos al máximo la dignidad del ser humano, presente incluso en quienes de manera más oprobiosa la olvidan y pisotean. Poner un límite al castigo, tan alto como sea debido, indica la voluntad social de no exterminar al semejante, sean cuales fueren sus culpas.

[…] Por supuesto, nada de lo dicho implica adoptar una actitud timorata o resignada frente a las atrocidades que cometen algunos seres humanos. Hay medios legales para combatirlas, sobre todo si se los aplica sin trampas ni oportunismos politicoides. Ahora existe en nuestra legislación un máximo efectivo de cuarenta años de reclusión para los peores delitos y la vigilancia judicial debe impedir que quienes rechazan toda forma de enmienda explícita se beneficien de reducciones automáticas de su condena por cualquier subterfugio. Es un derecho del reo el no arrepentirse de su delito y es una obligación de la sociedad tratarle en consecuencia, negándole cualquier recorte de su condena, cuya aplicación siempre debe ser lo más individualizada que resulte posible.

[…] De modo que no bajemos la guardia ni nos dejemos arrastrar por interesados y vociferantes torbellinos.